El juicio Videla-Menéndez III sigue destapando ollas y no se sabe hasta adonde va a llegar. Si bien la investigación sobre los 31 fusilados de la UP1 promete destapar complicidades de la Justicia Federal y la Iglesia, la investigación sobre la “Patota” del D2 ya empezó a salpicar a políticos.
La semana pasada, el ex policía Luis Urquiza, uno de los querellantes particulares, quien fuera preso y torturado por sus propios compañeros, según las crónicas apuntó contra Oscar Aguad, actual diputado nacional del radicalismo. Dijo que mientras Aguad era ministro de Gobierno y tenía a cargo la Policía, mantuvo en la fuerza a los represores.
El caso más emblemático es el de Carlos Yanicelli, alias “Tucán Grande”, quien fue señalado por Urquiza como uno de sus torturadores según los medios, y que en 1997 era el jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal, miembro de la plana mayor de la Policía de la “democracia”.
Es un caso muy serio y sobre todo tratándose de alguien que pretende gobernar la provincia, como Aguad. Por eso, otro de los que comparten esa pretención, el senador Luis Juez, no desaprovechó la oportunidad para fustigarlo: “Si alguien que sufrió la tortura y la cárcel durante la última dictadura militar y acusa a un ex funcionario como Aguad, para la salud de todos los cordobeses sería bueno que se aclare esta situación”.
Los hasta ayer aliados en la cruzada antikirchnerista, ahora rompieron lanzas e inmediatamente salió Aguad a responderle: “Me sorprende mucho la conducta de Juez sobre éste y otros temas. Él dice que en ese tiempo todo Córdoba conocía ese tema. Me pregunto: ¿qué hizo él al respecto mientras era diputado provincial, ¿por qué no lo denunció? Y si conocía esto ¿por qué me ofreció ir en alianza el año pasado?”.
Las afirmaciones de Aguad fueron respaldadas por un comunicado del Comité Provincial del radicalismo, que se preguntó qué hizo Juez, por entonces titular de la JP de Córdoba, cuando en 1989, el presidente Carlos Menem impulsó el indulto para represores.
Ambas, la de Aguad y la del Comité Provincia de la UCR, respuestas paupérrimas y típicas de la politiquería barata. Lo que está en discusión no es si Juez hizo algo o no hizo nada, o si estuvo de acuerdo o en contra de Menem por los indultos. Lo que está en discusión es lo que hizo Aguad, que era el ministro de Gobierno y de él dependía mantener o no a policías como Yanicelli y compañía.
De hecho, más de 100 policías en actividad hasta fines de los años ’90 habían pasado por el D2 durante los ’70.
Aguad también atinó a decir públicamente que se enteró quién era Yanicelli por Urquiza, y que al poco tiempo le abrió un sumario administrativo que terminó por dejarlo fuera de la Policía.
Si fuera así, sería todo un síntoma de ineptitud, ya que demuestra que como máximo responsable de la fuerza de seguridad, no tenía ni idea quiénes la dirigían. Estamos hablando del jefe de Inteligencia Criminal, no de un agente cualquiera. Y basta con leer los legajos de los policías para saber dónde revistieron en su carrera, por lo menos los legajos de la cúpula. Si Aguad o su equipo lo hubieran hecho, habrían visto que Yanicelli y muchos más habían estado en el tenebroso D2, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Y tampoco era posible pensar que habiendo pasado por el D2, fueran buenos policías. En una entrevista con el diario Puntal de Río Cuarto durante 1997, el ex presidente de la Conadep Córdoba, Luis Rébora, decía: “No había nadie inocente entre los policías mencionados por las víctimas, porque participaban en todo: no había funciones específicas ni determinadas, sino que actuaban según las circunstancias, en secuestros, torturas y, si era necesario, asesinatos… Todos los militares y policías se habían comprometido a  matar… Había un juramento de sangre…”.
Pero incluso la hipótesis de la ineptitud es difícil de creer en Aguad y su superior, el gobernador Ramón Mestre, quien el 31 de mayo de 1997, cuando ya había explotado el escándalo de Yanicelli, lo defendió públicamente diciendo: “Yanicelli fue quien organizó la tarea que nos permitió detectar la participación de esos sectores políticos en los conflictos y por eso es el centro de las denuncias”. Se refería a cómo lo habían infiltrado en las protestas y cortes de la ruta 38 en Cruz del Eje, en los albores del fenómeno piquetero.
Según el libro La sombra azul (Ediciones del Boulevard, 2005), “una fría tarde de junio, en el despacho del gobernador irrumpió el fiscal de Estado Alberto Zapiola –considerado como el ala más progresista del gobierno radical- y le tiró a Mestre sobre el escritorio el informe de Charlie Moore ante el Acnur de 1980, donde cuenta todo sobre Yanicelli y el D2.
-Gordo, ¿vos sabés a quién estás defendiendo? Este tipo fue un torturador de los ’70.
-Pero si el Milico (por Aguad) asegura que es un hombre de confianza.
En eso se sumó el ministro de Gobierno y la conversación fue subiendo de tono entre Aguad y Zapiola.
-Me extraña lo que me decís, porque a mí me aseguran que es uno de nuestros mejores hombres.
-Yo no sé qué hace ahora, pero este informe dice todo lo que hizo antes.
-No puede ser, si tiene un legajo limpio.
-Mirá Milico, no me digás vos si puede o no puede ser, porque vos en los años ’70 estabas jugando al rugby y ni te enterabas de estas cosas” (op cit, pág 169).
Luego de las denuncias contra Yanicelli, a Urquiza le empezaron a hacer la vida imposible, con amenazas e intimidaciones de todo tipo. Hizo conocer por Canal 10 y La Voz del Interior una carta pública denunciando a más policías del D2 en actividad y, finalmente, Aguad lo llamó para pedirle una reunión.
En esa reunión, se produjo otro diálogo digno de reproducir, según el mismo libro La sombra azul.
-Mire Urquiza, yo también tengo familiares desaparecidos, yo también estuve preso, por eso lo comprendo, pero…
-Pero nada, con más razón entonces usted, como ministro de Gobierno de una democracia, no puede tener esa calaña de policías.
-No los puedo dar de baja a todos juntos, me han llegado rumores que la Guardia de Infantería se amotinaría si hago eso.
-Bueno, usted sabrá, usted es el que tiene la responsabilidad. A veces hay que elegir y eso requiere coraje.
-Mire, yo mismo estoy amenazado y ando con custodia del Eter.
-No sé, si usted se asusta, yo no.
-Le voy a ser franco, Urquiza: tenga bajo perfil o yo no le voy a poder garantizar la seguridad. (op cit pág. 170).
Efectivamente, el entonces ministro de Gobierno no pudo garantizarle la seguridad a Luis Urquiza, quien decidió volver a irse, convirtiéndose oficialmente en el único exiliado argentino de la democracia, según el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde.
Y para mayor vergüenza de la democracia argentina, el embajador de Dinamarca en Buenos Aires, Leif Donde, tuvo que venir el 12 de junio a Córdoba a hablar con el gobernador Mestre, preocupado por Urquiza. Nada tuvo efecto y Urquiza tuvo que emprender su segundo exilio.
Como ministro responsable, Aguad mantuvo en su Policía a Yanicelli y a otros efectivos acusados de delitos de lesa humanidad. Hoy se juzgan esos delitos pero siguen salpicando al poder civil.