A continuación transcribo la editorial del diario La Nación, del miércoles 3 de febrero de 2010. Se puede ver no sólo el tinte golpista del diario fundado por Bartolomé Mitre, sino también la falta total de seriedad y apego a la verdad, los errores garrafales y la ignorancia supina del editorialista, alguno de los “próceres” del periodismo argentino que se dan el lujo de dar lecciones de democracia.
Seguramente no leerán estas líneas, pero si lo hicieran, a los que hacen del periodismo un negocio, con maestría súper elitista incluida, habría que decirle cuatro verdades básicas, que deberían saber si cumplieran con los mínimos requisitos del periodismo:
1-Lo que estaba en juego el 28 de junio de 2009 en Honduras era una consulta popular por la cuarta urna.
2-¿Por qué cuarta urna? Porque el 29 de noviembre hubo elecciones con tres urnas: en la primera urna los hondureños votaron (los pocos que lo hicieron) por presidente, en la segunda por congresistas y en la tercera por alcaldes. Si hubiera habdido una cuarta urna, hubieran votado por la necesidad de una Asamblea Constituyente que reformara las estructuras básicas de un Estado basado en los privilegios de la oligarquía y la explotación de las grandes mayorías.
3-Esa Asamblea Constituyente, en cualquier caso se habría producido en 2010
4-Por consiguiente, nunca Zelaya podría haberse presentado para su reelección en las elecciones del 29 de noviembre pasado.

O el editorialista de La Nación es un burro de total y absoluta ignorancia, o es un malintencionado que miente deliberadamente para desinformar a la gente y justificar a los golpistas hondureños, quizá abriendo el paraguas para la justificación de los desestabilizadores y golpistas vernáculos, él mismo incluido.
En rojo están marcadas las aberraciones de lo que debería ser estudiado en todas las facultades de Comunicación Social como ejemplo de lo que no debe ser el periodismo.

A continuación el editorial de La Nación:

Una vez que el país sea reincorporado en la OEA, la región deberá evaluar una nueva doctrina para evitar encrucijadas similares

Porfirio Lobo Sosa acaba de asumir la presidencia de Honduras. Se ha cerrado así, después de siete meses, lo que en el acto de juramento, en el Estadio Nacional, en Tegucigalpa, el nuevo mandatario calificó de la peor crisis en la historia democrática del país.

El golpe militar del 28 de junio de 2009, que puso en pijamas en Costa Rica al presidente Manuel Zelaya, se había cerrado, en realidad, antes de ahora y, por lo tanto, antes de que la ciudadanía hondureña votara en elecciones incuestionables en favor del candidato del Partido Nacional. Ha llegado, pues, el momento de revisar con más detenimiento algunos datos centrales de todo lo ocurrido y de los cuales se prescindió más de la cuenta en medio de una corriente que dejó a Honduras aislada del concierto internacional.

Al cabo de las primeras vacilaciones del gobierno de Barack Obama, los Estados Unidos estuvieron entre los primeros en comprender la complejidad del caso hondureño y las dificultades para tratarlo como derivación de un clásico golpe militar. Han sido también los Estados Unidos los primeros en anunciar que se disponen a trabajar junto al gobierno de Lobo Sosa por el fortalecimiento de la democracia hondureña y el alivio de las penurias de un pueblo que, después de Haití, ocupa el segundo lugar, en América latina, en nivel de pobreza. Honduras ha dicho que a raíz de las sanciones que le fueron impuestas ha dejado de percibir 2500 millones de dólares en ayuda internacional.

El ex presidente Manuel Zelaya no se acogió a la amnistía dispuesta por el Congreso hondureño a raíz de las eventuales responsabilidades por el acto que lo depuso, pero aceptó la intervención del nuevo gobierno para facilitar su instalación en la República Dominicana y abandonar de ese modo la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Allí estuvo cuatro meses después de haber reingresado clandestinamente en Honduras, siempre con el curioso sombrero de cowboy .

Todos esos capítulos han hecho olvidar un tanto que el golpe militar fue la derivación inmediata de una gravísima rebeldía del entonces presidente hondureño. Rebeldía de Zelaya frente al Congreso, rebeldía ante el Tribunal Supremo de la Nación, que lo había conminado a dar marcha atrás en un referéndum inconstitucional, concebido para autorizarle a ser candidato en las siguientes elecciones presidenciales.

Si hay un país en el mundo con cláusulas pétreas en la Constitución, referidas a esa materia, es Honduras. Dice el artículo cuarto: “La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. Y el artículo 239: “El candidato que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.

Al deponer a Zelaya, el Ejército actuó, aunque mal, con la espontaneidad de la fuerza pública ante una violación flagrante de la ley. Además de las instituciones de la república, la obcecación de Zelaya por buscar la reelección negada por la Constitución había movilizado en posición adversa no sólo a la entonces principal fuerza de oposición, el Partido Nacional, sino al liberalismo, su propio partido.

La mejor lección de la dolorosa encrucijada que padeció Honduras ha sido la reacción mundial en nombre del respeto por el orden constitucional. En adelante, ese ideal, que ya figura en términos prácticos en los compromisos políticos del Mercosur, debe ser perfeccionado aún más.

Sanción para los golpes militares. Sanción, también, para los gobernantes civiles o militares democráticamente elegidos que, al ignorar la independencia y facultades constitucionales del Poder Judicial, el papel del Congreso en una república y el sagrado derecho ciudadano a la libertad de expresión, se arroguen, como vulgares dictadores, la suma del poder público. Una y la otra; no sólo una. De lo contrario, más que principios, habría una farsa; más que coherencia, lagunas disparatadas del derecho y la diplomacia internacional.

Cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) disponga, como corresponde, la reincorporación de Honduras en la plenitud de su representatividad, debería abrir un debate a fin de reflexionar sobre esa una nueva doctrina. Habrá de suponerse que al secretario general de la organización, José Miguel Insulza, tan activo en el caso que acaba de cerrarse, no le incomodará hacerlo, por más que esto irrite a Hugo Chávez y sus émulos. Algún precio deben pagar ellos por la lección de Honduras