Ahora que estamos a menos de un mes del bicentenario de la patria, hay argentinos que siguen diciendo: “No hay nada que festejar”. Y es que hace 200 años, el Estado en formación, que ni siquiera se llamaba todavía Argentina, seguía exterminando a parte de su población igual igual que lo había hecho el Estado colonial precedente. Son los comechingones, tan argentinos y tan cordobeses como cualquiera, los que viven aún en El Pueblito de la Toma, hoy más conocido como Barrio Alberdi o Barrio Alto Alberdi, de la capital de la provincia.

En 1815 el Estado provincial estudia un plan de exterminio de los aborígenes en el cual están involucrados funcionarios de primera línea, desde el gobernador intendente de la época José Javier Díaz hasta otros futuros mandatarios provinciales como Roque Funes, Mariano Fragueiro, Ambrosio Funes y José María Paz, todos ellos involucrados en un documento inédito, fechado en Córdoba en 1815.

Cuenta el sacerdote Horacio Saravia, párroco de San Jerónimo del barrio: “Miriam Canelo, miembro de la comunidad comechingona del Pueblo de la Toma, acababa de velar a su tía Porota, una anciana nonagenaria, que vivía sola en una antigua casa del siglo XIX. Una casa en la cual habitaron los ancestros de la comunidad y que fue de propiedad de Bruno Canelo y Carmen Acevedo, hija del último Curaca reconocido por el Estado, Don Lino Acevedo, fallecido en 1901. Miriam estaba sola en la antigua casona acomodando las pertenencias que heredaba de su tía difunta. De pronto descubre una serie de papeles viejos que estaban archivados en ese lugar. Le llama la atención, un documento. Este, no sólo se refería al Pueblo de La Toma, sino además estaba fechado en 1815. Entonces lo abrió, intentó leer, descifrarlo. Entendió que el documento era importante e hizo un trabajo paleográfico hasta lograr transcribir. Tenía entre sus manos un pleito judicial realizado entre los años 1815 y 1819, y que hacía referencia “al segundo año de nuestra regeneración”, es decir 1811. Miriam heredaba de sus ancestros una información inédita y que bombardea la historia oficial y se presenta inesperadamente como un aporte a la verdad de lo sucedido hace 200 años”.

Sigue el sacerdote: “El pleito judicial tiene una motivación: Hacia 1813 el nuevo gobierno revolucionario perturba a la comunidad originaria de la Toma, usurpando su territorio para vender parcelas a particulares. El nuevo gobierno continúa con la vieja política virreinal de vender lo que no le pertenece. Un pedazo de tierra en la lagunilla (camino a Alta Gracia) es vendido al Capitán Juan Bautista Carranza. La tierra vendida era propiedad de la comunidad de la Toma”.

El cacique principal del Pueblito de la Toma, Don Juan de Dios Villafañe, se reúne entonces con curacas (caciques)  menores, y buscan una estrategia de lucha: Villafañe  ordena a algunas familias de la Toma a construir sus ranchos justo al frente de los cascos de las nuevas estancias. Pero su sola presencia irrita a los “nuevos propietarios”, que descontentos de tenerlos como vecinos los demandan ante los estrados judiciales de la provincia. Juan Bautista Carranza hace juicio a la comunidad del Pueblo de la Toma. Pero la estrategia tiene éxito: el Estado tendrá que escucharlos.

“Los propietarios han comprado estas tierras a funcionarios del régimen que obraron en nombre del mismo. No es extraño que dichos funcionarios hayan avalado en el juicio la postura de los nuevos compradores. En el comienzo del pleito judicial aparece una propuesta contundente. La “solución” del problema es el exterminio de los ancestrales pobladores”, agrega Saravia, y muestra el sorprendente documento que ahora transcribimos:

 “Señor Gobernador Intendente:

                                                        El síndico procurador general de la ciudad en vistas del 16 de Febrero, dice que habiendo terminado ya desde el año segundo de nuestra regeneración la representación de protección de indios que había excedido el Regidor defensor de pobres, de cuyo privilegio se hallan excluidos todas las poblaciones que con título de tales…  En la compra cierta intendencia de Salta quedando suprimidos los hereditarios de caciques principal y curacas sin conservar la comunidad por la excesiva mezcla que hay de la originalidad dice: Que le parece ser muy interesante que en esta ciudad se libre una comisión con anuencia de un regidor a fin de deslindar el derecho legítimo del terreno asignado a dicho Pueblo con todas las formalidades que exige el derecho y que vea se repartan por iguales las partes en todos aquellos individuos que hasta la fecha desconocían haber sido contribuyentes.

Esto es a cada padre de familia o aquellos solteros y viudos que por derecho sean capaces en legal administración en la parte que les toque y cada familia lo podrá labrar o vender a quienes sean para ello. De aquí resultará que dividido el terreno en partes sea imposible su enajenación y venta, caso contrario en él, los vecinos que pusieran dedicación al trabajo harán útiles unos terrenos que los presentes poseedores no lo ha podido verificar.

Hasta aquí he tenido blandura  propia de mi genio pero guardo por la cosa más sabia que es el tiempo el que me ha suministrado para conocer que las requeridas poblaciones tanto en lo moral como en lo político, lejos de ser son perniciosas a la República por algunas razones que aquí apuntaré: primero, que estas poblaciones mentados indios, pues no son tales, sino un grupo en la hez de cada lugar, que perseguidos por sus delitos van y encubren entrando con él la conducta mas represensible como lo dirán mejor los vecinos criollos… Lo segundo es juntar el número crecido de moscas que al fervor de las malas costumbres de los pobladores se acogen desde lejos, llegando a este indecente albergue los terrenos sin cooperar con sus trabajos diseminan queresas, resultando una gusanera asquerosa y perniciosa a la Res pública.

Y digo que sería muy conveniente y tal vez el único destino, esclarecer los terrenos y luego sin pérdida de tiempo subastar y rematar al mejor postor:

El primer paso del proyecto  sería que el Estado establezca el importe de los terrenos.

El segundo, el exterminio de ladrones y holgazanes que, a manera de zánganos gozan la miel que producen los terrenos sin cooperar con su trabajo al adelantamiento del estado.

Tercero: que quemadas las cuevas no queda ya acogida para las demás fieras devoradoras del vecindario.

Cuarto y último beneficio: que puestas en manos laboriosas y pendientes no dudo entraran muchos criollos a la campaña y aún los vecinos de la ciudad y estos últimos como mas despejados harán campaña con aquellos y ayudados los unos con los otros a saber: los de la ciudad con su caudal y los del campo con su asistencia personal.

Córdoba, Octubre 15 de 1815.

Firmado: José Vélez”

Según la Convención de la ONU al respecto, genocidio es la intención de exterminar un grupo humano. En este documento surge claramente la propuesta de exterminar, por lo que huelgan más comentarios.

El gobernador José Javier Díaz cumple entonces una patética actuación, exigiéndole a Villafañe que acredite que él es curaca y también la identidad originaria de la comunidad.

Los compradores de mala fe, habían pagado 70 pesos bolivianos al Estado provincial, la solución termina siendo que la comunidad paga 100 pesos mejorando la oferta. Es decir, tienen que volver a comprar lo que ya era suyo ancestralmente.

Saravia concluye: “Ni siquiera el Archivo Histórico de la provincia conoce la existencia de este documento. ¿Cómo llegó a manos de la comunidad documentación oficial del Estado? ¿Qué motivaciones tuvo la comunidad para  esconderla? Ellos dicen que pasó de Curaca a Curaca hasta quedar custodiado por el último cacique reconocido por el Estado. Pero… ¿por qué? Sería razonable pensar que la comunidad se apropio y conservó el documento temiendo por la integridad física de sus personas y por la defensa de sus territorios. No existen aparentemente otras causas”.