Hay dos palabras de moda: “diálogo” y “consenso”. Ahora todos hablan de la necesidad de estas dos palabras, tanto en el contexto local, cuanto nacional e internacional. De golpe, parece que con diálogo y consenso de pueden derrotar todos los peligros y fantasmas. Son dos palabras más de las tantas que han sido tan bastardeadas hasta perder su verdadero significado y sentido. Como democracia, justicia, productividad, redistribución, y tantas más que quieren decir lo que quieren que quieran decir quienes las usan, en el mejor de los casos. En otros casos no quieren decir nada.

A nivel provincial, después de un mes de conflicto municipal se impuso un diálogo entre el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y el Ejecutivo municipal. Desde el lunes pasado comenzaron las reuniones directas entre el titular del gremio, Rubén Daniele, y el intendente Daniel Giacomino, pero no se sabe aún en qué términos se llevó adelante ese diálogo, ni de qué hablaron. Últimamente se conocieron algunos datos de los resultados de las elecciones del 28 de junio, principalmente la pérdida de votos de Luis Juez en la ciudad de Córdoba, aparentemente afectado por el largo conflicto municipal. Mientras duró ese conflicto a cara de perro, ambos sectores vociferaron públicamente sus verdades, pero ahora que se reinició el diálogo, nadie puede saber a ciencia cierta en qué términos se dio o, si es que se acordó algo, cuáles son las bases del anhelado consenso.

A nivel nacional, también las elecciones del 28 de junio parecen haber dado resultado. Luego de la derrota del gobierno nacional, comenzaron las presiones de todo tipo de los supuestos ganadores y, sobre todo, del aparato mediático de los grupos concentrados de poder, para pedirle, casi exigirle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que llamara al diálogo y al consenso.

Pero el tema es quién convoca al diálogo y en base a qué ejes temáticos. En este momento, envalentonados por los resultados de las elecciones, representantes de la derecha en todas sus variantes, son los que han conseguido no sólo sentarse a la mesa de la presidenta, sino también imponer los temas de la agenda a abordar, que son ni más ni menos que los temas que les interesa a ellos. Y los temas que impuso el poder son una nueva coparticipación, la reducción de las retenciones a las exportaciones de soja, el tipo de cambio con respecto al dólar y tarifas de los servicios públicos.

En definitiva, se sincera una lucha intercapitalista y los que imponen condiciones son los que reclaman más ventajas para sí mismos. Una coparticipación cada vez más egoísta, que les devuelva a las provincias ricas todo lo que ellas dicen que ponen por retenciones y otros impuestos. Que las propias retenciones se bajen al máximo, y si fuera posible que se eliminen. Una nueva devaluación que maximice las ganancias de los exportadores, sin importar que la paguen los asalariados, que son la mayoría del pueblo argentino.

Son los resultados de las elecciones del 28 de junio, que sin dudas dejaron al gobierno mal parado y condicionado para los dos años que le quedan. Y por eso no le queda más remedio que llamar al diálogo y al consenso. De hecho, en los principales distritos electorales, entre ellos Córdoba, ganaron las fuerzas políticas alineadas con los patrones del campo. “El imaginario pastoril del sufrido productor agropecuario que engrandece al país con su trabajo fecundo venció claramente en la disputa simbólica que significó la elección. En la recta final hacia el bicentenario, el corazón agroexportador de la pampa húmeda, verde de soja y dólares vuelve por sus fueros para imponerse como sentido común de toda la sociedad. Lo que es bueno para “el campo” es bueno para todos, quienes ‘agreden’ al ‘campo’, agreden a la (N)nación”, dice claramente Daniel Ezcurra, coordinador de las cátedras bolivarianas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En ese contexto, el diálogo se parece más a un monólogo de quienes se sienten hoy en condiciones de imponerlo. O quizás sí sea un diálogo, pero siempre incompleto en tanto y en cuanto sigan faltando los más desposeídos de la sociedad en esa mesa.

En definitiva, con la idealización e idolatría del diálogo, lo que se pierde de vista es que la política es esencialmente conflicto, si se la considera como herramienta para cambiar el mundo y la vida de la gente. A menos que los que dialogan se pongan de acuerdo con que el mundo está bien como está y que la gente que importa es la gente como uno, porque a los otros se los arregla con una buena campaña de propaganda y desinformación, teniendo los medios al alcance.

A nivel internacional, no caben dudas que el diálogo entre el presidente constitucional de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya y los golpistas que lo derrocaron ese mismo 28 de junio, es un error garrafal.

A todas luces fue un gran error aceptar una negociación en San José de Costa Rica, propiciada por el presidente de ese país, premio Nóbel de la Paz, Oscar Arias. Eso fue darle escenario legal internacional y legitimidad a los golpistas, un paso atrás inconmensurable por ahora. De aquí en adelante, cualquiera puede quebrar el orden constitucional, ignorar la voz del pueblo y luego pedir ser escuchado, sentarse a dialogar en foros internacionales y hasta negociar.

Los errores de la comunidad internacional fueron no menos grandes y graves. Haberle dado tanta entidad a una entidad supranacional tan degradada y descompuesta como la OEA es, cuanto menos, peligroso. Nada asegura que esta institución internacional, que durante 47 años mantuvo al margen a Cuba y fue el sustento ideológico del perverso bloqueo, en el futuro no actúe en contra de los procesos revolucionarios en el continente. Una entidad signada por el diálogo y el consenso pero que avaló todos los golpes de Estado del siglo XX en América latina.

El otro gran error que todavía no se concreta pero que se vislumbra por parte de la comunidad internacional es el de aceptar como vía de solución para Honduras las elecciones del 29 de noviembre o, incluso, elecciones anticipadas que surjan del diálogo y del consenso. Ningún gobierno surgido de unas elecciones montadas sobre un proceso golpista puede tener el visto bueno y la aprobación de la comunidad internacional.