Buenas y malas son, cosas con las que termina el año para Córdoba. El jueves pasado, mientras el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sancionaba la ordenanza que autoriza el aumento del boleto de colectivo a dos pesos, la Policía de la Provincia reprimió inusitadamente a un grupo de personas que protestaban en las inmediaciones del cuerpo deliberativo, en la Cañada. Esa es la mala, por el aumento del boleto y por la feroz represión policial.

La buena es la conformación, el día anterior, del Instituto Político de Pensamiento y Acción (IPPyA), una entidad que aglutinará a estudiosos, técnicos y académicos de un amplio espectro que genéricamente se conoce como “progresismo”.

“Se trata de un grupo de profesionales con ganas de aportar desde su área de trabajo y aprender de los otros. Un espacio para hablar de los problemas que nos aquejan y de los sueños que compartimos. Pero sobre todo. un espacio donde estos dos, problemas y sueños, se plasmen en soluciones, alternativas y proyectos”, dijo a Veintitrés Francisco Tamarit, profesor de la Facultad de Astronomía, Matemáticas y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y uno de los impulsores del proyecto.

El sistema no da para más

Con esta frase de “el sistema no da para más” los concejales que aprobaron el aumento justifican el aumento del boleto a dos pesos. Más o menos el mismo argumento que aduce el gobierno provincial cuando aumenta Ingresos Brutos o niega aumentos de salarios a sus trabajadores.

Y es verdad, el sistema no da para más, porque siempre hay una torta y la cosa es cómo se reparte. En el caso de las finanzas provinciales, si el gobernador Juan Schiaretti no está dispuesto a aumentar el inmobiliario rural, como lo acaba de hacer su par santafecino Hermes Binner, la única que le queda es sacar de otro lado para emparchar el desbalance financiero. De hecho, Santa Fe aumentó hasta el 200 por ciento el inmobiliario rural, con el sano criterio de recaudar más de quienes más ganan. Pero en Córdoba, las hectáreas más ricas y apetecidas del país, que están valuadas comercialmente en 10 mil dólares la hectárea como promedio, pagan como si costaran 500 o 700 pesos por hectárea. Ni hablar del daño ecológico que causa esta desaforada ambición por el dinero fácil de la soja, ni del daño cultural en los pueblos e, incluso, en los propios nuevos ricos dueños de esas extensas alfombras verdes de hoy y marrones de mañana.

Solución de Schiaretti heredada de De la Sota: si no recaudamos de los que más ganan, tenemos que recaudar de los que menos ganan, es decir, de los consumidores vía Ingresos Brutos, un impuesto trasladable al consumo y de los más regresivos.

Así y todo, el sistema no da para más, y vuelta a echarle la culpa al gobierno nacional que nos discrimina porque está formado por un ejército de funcionarios malvados que lo único que quieren es perjudicar a Córdoba. Entonces, otra vez la amenaza de los bonos, que es otra forma más de castigar a los trabajadores, porque ya conocemos cómo es el mecanismo, cómo se devalúan los papelitos de colores y cómo terminan favoreciendo solamente la especulación financiera.

Con el boleto de colectivo pasa algo similar, como a los señores empresarios no les cierra la ecuación con las ganancias que pretenden, y como el sistema no da para más, volvemos a tirar de la soga del consumidor, del trabajador que aunque chille, va a terminar pagando los dos pesos porque no tiene auto y no le queda otra alternativa que tomar el colectivo para ir a trabajar todos los días.

Ahora bien, curiosa esta clase de empresarios que desde hace tanto tiempo en Córdoba vienen trabajando en un sistema que no da para más, que según ellos no ganan dinero y no obtienen ningún beneficio. Más que empresarios parecen entidades de beneficencia, con una vocación de servicio que eclipsa cualquier ánimo de lucro.

En realidad, si no ganaran dinero los empresarios del transporte ya se habrían ido hace rato, y si realmente el sistema no da para más, pues será la hora de hacer como el intendente Daniel Giacomino hizo con la basura, priorizar el servicio por sobre el negocio privado y municipalizarlo.

Pero el hilo se corta siempre por lo más delgado, que es el pueblo trabajador. Y a veces ese pueblo trabajador se resiste o por lo menos expresa su inconformidad con esta democracia devaluada y devengada en plutocracia (gobierno de los ricos). Y cuando eso sucede, el sistema que no da más, tiene que dar de alguna manera, y entonces cierra sólo con represión, como el jueves pasado, cuando la Policía, desaforada, persiguió por cuadras y cuadras a una decena de manifestantes y los acorraló en el Sindicato de Obras Sanitarias (Sipos). Hasta allí llegaron los jóvenes que se metieron para refugiarse. Cuando llegaron los uniformados, salió el secretario general del Sipos, Luis Bazán a cortarles el paso. “Necesitan una orden de allanamiento de un fiscal, y el fiscal general Darío Vezzaro ha dicho que no pueden entrar”, les dijo el dirigente gremial, con larga historia de luchas en la espalda. Pero nunca se imaginó la respuesta del jefe del operativo: “Me cago en Vezzaro y me cago en los fiscales, yo entro y saco a estas ratas”. Y así fue, entraron hechos unos energúmenos, rompieron todo, golpearon a todos los presentes, incluso dirigentes y afiliados al sindicato que estaban en el lugar y se llevaron 30 detenidos, entre ellos el propio Bazán.

Un eslabón más de una cadena de hechos de una violencia represiva inusitada de la Policía en los últimos tiempos. Se podría llegar a pensar que los policías están fuera de sí y que no responden ni a su jefe Alejo Paredes ni al ministro de Gobierno Carlos Caserio. O se podría pensar incluso que es una jugada política armada especialmente para desprestigiar y desestabilizar al gobierno provincial.

Pero hay otra explicación: es una Policía que mantiene intacta la impronta represiva de la dictadura, fortalecida por algunos hitos importantes a lo largo de estos años de democracia: los años de Oscar Aguad como ministro de Gobierno, con Yanicelli y varios otros ex D2 al frente de la institución, y luego durante el período de De la Sota, cuando el secretario de Seguridad era Horaldo Senn, ahora acusado de haber participado de la represión ilegal de los ’70 en el norte de Santa Fe.

Desde el punto de vista de la política económica y el sostén ideológico de estas políticas plutocráticas y represivas, fue fundamental, a partir de 1977, la Fundación Mediterránea. Convocada por don Piero Astori, los Roggio y el resto de los dueños de Córdoba, la Fundación Mediterránea fue siempre la usina de pensamiento que legitimó el expolio y la inequidad.

Treinta años después, desde otro lugar y otra mirada, por fin habrá un equivalente que trabaje seriamente en estudios, investigaciones y proyectos al servicio de la solidaridad, la justicia y la igualdad. El recientemente creado Instituto Político de Pensamiento y Acción, sin ninguna atadura partidaria, si es un proyecto eminentemente político, en el verdadero sentido de la palabra. Esa es la buena noticia de Navidad.