¡Por fin pasaron las fiestas! Y aquí estamos nuevamente frente al síndrome de la hoja en blanco para escribir la columna semanal, mientras que los menos afortunados están empezando sus estresantes vacaciones en Carlos Paz o en cualquier otro lugar de las sierras, pagando hasta 15 pesos sólo por estacionar el auto en el río, para después matar por un lugarcito en el río, lo mismo que a la noche por una mesa en el centro luego de ver alguna de las tantas revistas en cartelera.
Los más afortunados, intentamos retomar la dieta para desintoxicarnos de tantos festejos de diciembre y empezar a analizar cómo viene este 2010, el año del Bicentenario, que al igual que el 2000 de hace una década, promete mucho pero empieza igual.
De hecho, empezó el año y parece que Córdoba atrasara: las noticias dignas de comentar tienen que ver con José Manuel de la Sota y Luis Juez peleándose, el Luifa Artime que vuelve a Belgrano, con la falta de controles en lo más elemental y la falta de medios de comunicación que comuniquen lo importante.
Lo más destacado que dejaron Navidad y Año Nuevo, además de las montañas de dinero público y privado quemados en fuegos artificiales y los correspondientes heridos, fue la constatación del descontrol que es el servicio público de taxis y remises.
Este año que se inicia, unos seguirán reclamando y otros rechazando la unificación del sistema, pero unos y otros siguen sin entender lo que significa la palabra servicio. Creen que tener un taxi o un remis es igual que tener una mercería, y no lo es. Desde la Municipalidad dieron el cronograma de trabajo, los de patentes pares tenían que salir la noche del 24 de diciembre y el 1º de enero. Los de las patentes impares al revés: el 25 y la noche del 31. Pero ni lo cumplieron ni nadie los controló. Es más, hasta lo blanquearon, y desde las dirigencias gremiales de ambos sectores dijeron que no habían sido notificados. El secretario de Ambiente de la muni, a cargo de Transporte, Fernando Cámara, dijo todo lo contrario y aseguró que sí se les había notificado, por lo que se deduce que taxistas y remiseros por una vez se pusieron de acuerdo: fue para mentir y hacerse los tontos para no trabajar durante las fiestas.
Resultado: los controles bien gracias y las señoras con las fuentes y los restos de las comilonas penando para volver a sus hogares, u obligando a sus yernos semiborrachos a sacar el auto para llevarlas.
Pero si de falta de controles hablamos, la institucionalización y exacerbación de ella es el rally Dakar que comenzó en la provincia de Córdoba y apenas largó se cobró una vida: la de una mujer que estaba curioseando en la zona de Alpa Corral. La organización no se dignó a decir nada, haciendo gala de su tradicional hermetismo, como cuando hace un año encontraron muerto al motociclista francés Pascal Terry.
Esta vez, varias horas después de producido el accidente del sábado 2 de enero, desde la empresa organizadora ASO, el director de la prueba, Etienne Lavigne, se dignó a dar una conferencia de prensa… pero en francés. O sea, los organizadores y, por lo tanto responsables de la prueba, pasaron del hermetismo a una tibia explicación en francés, un insulto para los familiares de la mujer muerta y para todos los argentinos.
Pero dicen que la culpa no es del chancho sino del que le da de comer, y lo más indignante es que nadie exija una explicación desde lo que conocemos como Estado y que es ni más ni menos que la sociedad organizada. Al contrario, cual mueca patética de la realidad, salió Julio César Berrocal, comisario general de la Policía de Córdoba y director general de la Departamental Norte, a repetir los infantiles argumentos de los franceses organizadores: “La gente estaba mal ubicada y no hizo caso en salirse de ese lugar”.
Cantame la justa
El ex gobernador De la Sota grabó un tema de Cacho Castaña para un CD de LV16 Radio Río Cuarto, y dicen que vetó la participación del ex intendente de la Capital. Juez saltó como era previsible, desmintió haber sido bochado y esputó: “De la Sota es un caradura, con los únicos que puede cantar es con los Pibes Chorros”.
Lo cierto es que parece un anticipo de lo que puede ser la campaña electoral 2011, un flash back o salto atrás, como si de golpe estuviéramos de nuevo en la del 2003. Y a falta de nada nuevo, un viejo conocido se podría sumar: el radical Oscar Aguad. Esa es “la Docta”, versión bicentenario.
Y si los taxistas y remiseros no entienden que brindan un servicio público, los que manejan los medios de comunicación de Córdoba tampoco. Siguen creyendo que son dueños de decir y callar lo que quieran, que pueden mentir por acción o por omisión y que están en su derecho.
El 2009 se despidió con dos noticias importantes que la mayoría de los medios de Córdoba ignoraron olímpicamente: el allanamiento de la casa de Ernestina Herrera de Noble por parte de la Justicia en busca de pruebas por la firme sospecha de que sus hijos adoptivos fueron robados a desaparecidos; y el lock out patronal de Canal 8 que levantó su noticiero local para pasar el de Telefé Buenos Aires.
En ambos casos, un claro ejemplo de actitud corporativa en encubrimiento de situaciones que no sólo afectan al poder que maneja dos de los grupos más fuertes del país (Clarín y Telefé/Telefónica), sino que afectan también a la sociedad en su conjunto.
En el primer caso, porque se busca a dos nietos más, chicos que viven con su identidad cambiada, y que en el caso de Marcela, podría pertenecer a la familia cordobesa Lanuscou. Pero además, está en tela de juicio si la señora de Noble mintió, cambió pruebas y cometió otros delitos, como denunció en su momento el ex juez Roberto Marquevich. Y todo eso alguien que es dueño de un grupo de empresas periodísticas, supuestamente dedicadas a la verdad.
El segundo caso, porque podría tratarse de un ataque concreto y brutal al pluralismo informativo, al cerrar de un día para el otro un noticiero de los más vistos por los cordobeses.
Según relataron a esta revista trabajadores de Canal 8 que temen represalias si dan sus nombre, venían haciendo asambleas cada vez más largas en el marco de la negociación paritaria por sus salarios. Hasta que de improviso, el 15 de diciembre les dijeron que no salía más el informativo local y se reemplazaba por el de Buenos Aires. Luego les aseguraron que no tenía nada que ver con el conflicto sindical y que obedecía sólo a una decisión editorial, sin fecha ni indicios de vuelta atrás.
Si el 2009 fue bueno en dejarnos una ley de medios audiovisuales que garantizará, entre otras cosas, producción local con más trabajo para los periodistas y más pluralidad informativa para la sociedad, lo de Telefé no puede catalogarse de otra forma que como una mojada de oreja a la ley, al gobierno, al Poder Judicial, a sus trabajadores y, en definitiva, a la sociedad a la que le debería prestar un servicio.
Y la actitud de los otros medios, tan vergonzoza como la del propio Canal 8. Actitud similar a la de los taxistas y remiseros, la de hacer lo que quieran.


