A dos meses del golpe de Estado en Honduras, el tema central de la región es el acuerdo entre Álvaro Uribe y Barack Obama para potenciar a Colombia como una gran plataforma bélica de Estados Unidos. Esto demuestra claramente que existe una embestida evidente y brutal del Imperio contra los procesos revolucionarios en marcha, y que el golpe del 28 de junio no fue sólo contra José Manuel Zelaya ni sólo contra Honduras.

 

 

El lunes 31 de agosto comenzó la campaña electoral con vistas a los comicios del 29 de noviembre y los golpistas actúan con los hechos consumados y el discurso de todo golpista: “Hay que mirar para adelante”. Ante esta situación, se plantean varios temas en la agenda de los movimientos populares: ¿cómo continuar la heroica resistencia del pueblo hondureño que no ha dejado de estar en las calles ni un día desde el golpe? ¿Qué hacer ante las elecciones de noviembre? ¿Lo sucedido atañe sólo a un país o a toda la región?, y por consiguiente, ¿quién puede o debe intervenir en casos como estos?

La posibilidad de que Zelaya vuelva y reasuma el mandato que le dio el pueblo se ve cada vez más lejana. Y si llegara a concretarse, volvería “atado de pies y manos”, como dijo su propia esposa Xiomara Castro. Sería una amarga rémora de lo que fue la restitución de Jean Bertrand Aristide, el presidente de Haití, derrocado en 1991 por un golpe impulsado por los Estados Unidos y devuelto al poder en 1994 por los mismos Estados Unidos, pero siendo un espectro del que fuera cura tercermundista y líder progresista.

Si Zelaya vuelve, será en el marco del llamado Acuerdo de San José, impulsado por el presidente costarricense Oscar Arias, por mandato del imperio, y que establece la necesidad de un gobierno de unidad con los golpistas y amnistía general para quienes están matando y haciendo desaparecer personas desde hace dos meses.

Y lo único que haría en ese caso Zelaya es una pantomima de vuelta al orden constitucional para encausar el proceso eleccionario en el cual ya están inscriptos Elvin Santos del Partido Liberal; Porfirio “Pepe” Lobo del conservador Partido Nacional; Felícito Ávila de la Democracia Cristiana; Bernard Martínez del Partido Innovación y Unidad (Pinu); César Ham del izquierdista partido Unificación Democrática (UD) y Carlos Humberto Reyes, candidato independiente llegado desde el sindicalismo combativo.

Ser o no ser

Más allá de que la lucha popular sigue siendo por la vuelta de Zelaya y la restitución del orden constitucional, el debate instalado en las calles, en el campo, en las universidades y en las fábricas, es si hay que participar o no de este proceso electoral. Muchos plantean que no hay que hacerlo porque sería legitimar un proceso armado por la dictadura cívico-militar y el Imperio. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de los Estados de la Comunidad Internacional ha dicho que no reconocerá al próximo presidente, seguramente no mandarán veedores internacionales, por lo cual crece la posibilidad de que sean comicios amañados.

Pero muchos otros opinan que no participar sería ceder espacios de poder a la oligarquía que justamente es lo que busca, actuando con los hechos consumados y sin ningún prurito democrático. Antes del cierre de la presente edición, América XXI les hizo la misma pregunta a los dos candidatos de izquierda: “¿Va a retirar su candidatura?”. La respuesta de César Ham fue: “Lo decidirá el partido” y la de Carlos Reyes: “La candidatura no es mía sino del pueblo, y el pueblo en la calle me pide que me presente”.

Al cierre de esta edición, la situación más probable era que Reyes y Ham compartan una candidatura de corte popular y progresista, y que incluso allí confluyeran algunos sectores del Partido Liberal, aquellos más cercanos al presidente constitucional Zelaya. Hasta se llegó a hablar que muchos dirigentes liberales pudieran ser candidatos a alcaldes y diputados bajo el ala de la personería jurídica de UD. Pero esa alternativa está siendo minada por los sectores de derecha del mismo Partido Liberal y del Partido Nacional, argumentando que la Carta Orgánica de UD exige una afiliación de dos años como mínimo para poder representar al partido en elecciones. Paradójico: los mismos que no se avergüenzan de haber dado un golpe grotesco y sangriento, cuestionan una cláusula interna de otro partido.

Lo que está claro que la pelea de fondo del pueblo hondureño es por una Asamblea Constituyente que transforme de raíz las estructuras de poder que han hecho que este país tenga en la actualidad un 80 por ciento de su población bajo la línea de la pobreza y sea el segundo país más pobre del continente después de Haití.

De hecho, la gota que rebalsó el vaso fue el intento de Zelaya de reformar la constitución. El detonante de la crisis fue la consulta popular que había convocado el gobierno legítimo para que el pueblo se expresara el domingo 28 de junio sobre si quería o no una cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre con vistas a la ansiada reforma constitucional. Pero ese domingo 28 de junio se pasó de lo que iba a ser un salto cualitativo de la democracia (un paso hacia una democracia más participativa y menos delegativa) a un verdadero golpe de Estado, con sus consecuencias de terrorismo de Estado y todo lo que conocemos de sobra los latinoamericanos.

Esa consulta fue el último acto que precipitó los hechos, pero el Imperio y la oligarquía local venían madurando el golpe desde hacía tiempo, desde que Zelaya se reveló como un traidor a su propia clase, la clase dominante que lo había puesto en la presidencia de Honduras. Este empresario maderero, confiable para el establishment, había empezado por sorprender a propios y extraños cobrando impuestos a las multinacionales y a los medios de comunicación, algo impensado hasta 2006. Luego en el 2007 les dio seguridad social a empleadas domésticas y mejoró las condiciones laborales de los trabajadores en general. Se opuso a la minería a cielo abierto, afectando a empresas como Barric Gold, Gold Corporation y American Pacific. Controló la tala indiscriminada de bosques, una situación que afectaba especialmente a los pueblos originarios y puso límites a la avaricia de las empresas madereras, lo más llamativo, viniendo él mismo de la elite maderera. En 2008 hizo entrar a Honduras a Petrocaribe, en detrimento de los grandes y aparentemente eternos negociados de la Standard Oil (Esso) y la Texaco, con lo cual bajó el precio de los combustibles. Y luego dio el paso más arriesgado: entrar al Alba, con lo cual trajo muchos beneficios sociales al pueblo (programas como Operación Milagro o Yo si puedo) pero se enfrentó definitivamente con la burguesía, que lo ligó indefectiblemente al presidente venezolano Hugo Chávez, haciéndole extensivos los insultos de moda de “comunista”, “narcotraficante” y “dictador”. La última jugada que desató la guerra total fue su decisión de diciembre de 2008 de duplicar el salario mínimo. Y por supuesto, la convocatoria a la consulta popular prevista para el 28 de junio que habría sido el puntapié inicial para un proceso de reforma constitucional.

Quién puede y quién debe intervenir

En este cuadro de situación, el domingo 21 de junio de este año (una semana antes del golpe) se produce una reunión crucial en la casa del embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens. En esa reunión, además del “virrey”, estaban presentes el propio Zelaya, el entonces presidente del Congreso unicameral y hoy dictador civil Roberto Micheletti, los candidatos presidenciales Elvin Santos (Partido Liberal) y Porfirio Lobo (Partido Nacional) y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez. Según el propio diario golpista La Prensa, en su edición del lunes 22 de junio, en esa reunión todos los presentes le “pidieron” a Zelaya que anulara la encuesta prevista para el 28. Ese mismo día (domingo 21), llegaba a Tegucigalpa Thomas Shannon, subsecretario de Estado para América Latina, es decir subalterno de la secretaria Hillary Clinton.

El jueves 25 de junio desembarcó en Honduras otro asesor de Hillary Clinton: John Negroponte, un oscuro personaje que fue jefe de la CIA, asesor de inteligencia en la Guerra de Vietnam, embajador en Honduras durante los años ’80, cuando transformó este país en una plataforma de la guerra contrainsurgente en El Salvador y contrarrevolucionaria en Nicaragua, y finalmente enviado especial de George W. Bush a Irak. Ese jueves, tres días antes del golpe, Negroponte se reunió con Vásquez Velásquez, con el cardenal Oscar Andrés Rodríguez (presidente de la Conferencia Episcopal Hondureña) y con Billy Joya, quien fuera el creador de los escuadrones de la muerte y sobre todo el comando 3-36 en los años ’80 y hoy asesor de seguridad de Micheletti.

A todas estas evidencias de la injerencia imperial en la situación política hondureña se suma el hecho admitido por el propio Comando Sur de los Estados Unidos de que el avión que llevaba secuestrado al presidente Zelaya paró a reabastecerse en la base militar de Soto Cano, en Palmerola.

Con este marco de situación, es lógica la preocupación de los países del Alba respecto a la embestida que empezó con el golpe en Honduras y continúa con las bases en Colombia. Los que más preocupados están, con razón, son Venezuela y Ecuador, porque tienen antecedentes de un Estado como Colombia que viola sistemáticamente la soberanía de otros países. Dos casos emblemáticos son el secuestro llevado a cabo por agentes secretos de Rodrigo Granda (el llamado “canciller de las Farc”) en pleno territorio venezolano el 13 de diciembre de 2004 y el bombardeo de territorio ecuatoriano para matar a Raúl Reyes (también comandante de las Farc) el 1 de marzo de 2008.

Pero además, viendo que el Imperio interviene en cualquier rincón del mundo con cualquier excusa (como las supuestas armas de destrucción masiva en Irak y la aprehensión de Bin Laden en Afganistán) y que los organismos internacionales se demuestran cada vez más y más impotentes e ineficientes ante las injerencias de Estados Unidos, la pregunta es: ¿no habrá llegado el momento de plantear seriamente una integración militar de los países del Alba para intervenir en estos casos? Si decimos que el golpe en Honduras no es sólo contra Honduras sino contra todos los pueblos de nuestra América, se hace necesario que los pueblos y sus gobiernos revolucionarios intervengan para defenderse.